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La Justicia, uno de los tres poderes del Estado español, está inmerso en una profunda reforma abanderada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Comenzó imponiendo las tasas judiciales, que han encarecido el acceso a la justicia y la han hecho menos accesible, y ha seguido con la propuesta de ley para limitar la justicia universal.
Pero la guinda ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y por tanto, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de regulación de los jueces que garantiza su independencia.
El nuevo procedimiento de elección de sus veinte vocales supone mayor injerencia política, y la limitación de su capacidad de actuación y competencias han hecho que el CGPJ pierda poder institucional.
Un sistema lento e ineficaz, del que se aprovecha la casta política y que obstaculiza a los jueces para investigar casos de corrupción, una Fiscalía cuyo presidente es elegido y controlado por el Ejecutivo.
Punto de Mira profundiza en la Justicia española y en el camino que ha elegido para ella el Gobierno de Mariano Rajoy.
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