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Las guerras y los delitos relacionados con las drogas azotan México. En los últimos años, más de 200.000 personas han sido asesinadas, torturadas o han desaparecido sin dejar rastro. Responsables son los cárteles de droga, pero también la policía y el ejército.
Tres activistas de derechos humanos recogen testimonios de las atrocidades para presentarlos en la Corte Penal Internacional. La guerra contra las drogas y los delitos masivos pesan mucho sobre la población mexicana. Desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) les declaró la guerra a los narcotraficantes poco después de su elección, la violencia en el país tomó proporciones dramáticas: en diez años fueron asesinadas, torturadas, secuestradas o expulsadas 200.000 personas. Bajo los auspicios de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), José Guevara, Michael Chamberlin y Ariana García reunieron durante años testimonios y pruebas de estos delitos con ayuda de las familias de las víctimas y las asociaciones locales. Estos delitos no solo involucran a la mafia del narcotráfico sino también al ejército y a la policía. En México, la impunidad y la corrupción son omnipresentes: el 98 % de los delitos no se esclarece. Desde 2002, la Corte Penal Internacional se ocupa de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que no se denuncian en el país de origen. Las víctimas mexicanas y sus familias ponen muchas esperanzas en esta instancia supranacional, pero su papel y funcionamiento se rigen por estatutos complejos: los activistas deben conseguir que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, y su analista jefe, Emeric Rogier, inicien una investigación y reconozcan los incidentes como un delito de lesa humanidad. Las pesquisas internacionales serían la forma ideal para ejercer presión, detener la infiltración de instituciones estatales en México y obligar a los responsables a rendir cuentas. Pero el camino de los ciudadanos comprometidos es largo. Y el clima de violencia en México no cambiará mucho a corto plazo.
Duración: 42:31
