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El Ejecutivo de Mariano Rajoy apunta con sus tijeras a la administración local. El objetivo que esgrimen es racionalizar y evitar duplicidades y asegura el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro que ahorrarán entre 7 y 8 mil millones de euros.
La reforma no es menor ya que más de 15 millones de españoles viven en localidades de menos de 20 mil habitantes que serán las más afectadas por la reforma de la administración local.
El gobierno central pretende que todos los servicios básicos como alumbrado, basuras, limpieza, abastecimiento de agua o mantenimiento de las vías públicas no dependan de estos pequeños ayuntamientos, sino de las comunidades autónomas y de las diputaciones que tendrán que ofertarlo a suculentos contratos privados.
Ahí está el negocio y la polémica. Muchos alcaldes ya han denunciado esta reforma en el Tribunal Constitucional porque consideran que será una merma de la calidad de los servicios y sólo supone un negocio para las empresas privadas. Hay incluso alcaldes del PP en contra de esta medida.
Punto de Mira analiza esta reforma, la penúltima del Ejecutivo del PP, y habla con todos los agentes implicados para tratar de dilucidad que tiene de positivo y de negativo este último tijeretazo a la administración pública.
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